A lo largo de mi dilatada trayectoria profesional he tenido la oportunidad de darme cuenta de que lo que tiempo atrás se decía con sorna, “hecha la ley hecha la trampa”, por fin, ha pasado a formar parte del mundo de la acción de la justicia, situándose el foco en la clase política. La sociedad ha evolucionado a cámara lenta, pero al fin se ha puesto en movimiento, empieza a no haber sitio para los que se salten las normas en el mundo actual, si bien es cierto que todavía queda un largo y arduo camino por recorrer. Lamentablemente, no hay día en el que no aparezcan (lo tengo que decir en plural) en los medios de comunicación noticias de casos de corrupción, acoso, fraude, conflictos de interés, etc. y no sólo en España, estamos frente a un pandemia mundial.

El 25 de enero de este año, Transparencia Internacional, una ONG con base en Berlín, presentaba su informe del año 2016 sobre el ranking de percepción de corrupción en el mundo. Según el mismo, España tiene un problema de corrupción política muy serio, el cual debe afrontarse de manera integral y sin parches. Ha alcanzado un récord histórico de corrupción, debiendo considerarse este tema como un asunto de estado. En este ranking España ocupa el puesto 41 de un total de 176 países con un índice de percepción de la corrupción de 58 puntos sobre 100, habiendo caído 5 posiciones en relación con el año anterior.

En el barómetro del CIS del mes de abril, la corrupción, era percibida por los españoles, como la segunda mayor preocupación, tras el paro.

Si hablamos de acoso, en enero de este mismo año, tuvo que dimitir un decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, a raíz del escándalo derivado de los abusos sexuales que sufrieron tres profesoras de la citada facultad por parte de un catedrático, condenado a ocho años de prisión. El equipo de gobierno tuvo que emitir un comunicado lamentando la penosa imagen dada a la sociedad por esta facultad. Vemos pues el daño reputacional causado por esta mala conducta y las consecuencias derivadas del mismo. Queda de manifiesto la falta de un sistema de control y prevención adecuado, así como la diligencia debida en solucionar el problema, si se tiene en cuenta que las denuncias se conocían desde el 2010.

Por lo que respecta al fraude, no hay día que no descubramos uno en la prensa. Hoy están de moda, como dicen algunos de los gestores políticos de antaño, que las comisiones en el campo de la obra pública, no las ponían ellos, era el sector el que las dictaba. Creo que sobran los comentarios.

Si nos centramos en el sector farmacéutico, desde que se redactó el código deontológico y se puso a funcionar la USD de Farmaindustria, unido a la reciente iniciativa sobre transparencia que debe presidir las relaciones entre los profesionales sanitarios y los laboratorios, la imagen del sector ha experimentado una gran mejora, pero todavía debemos estar vigilantes y ser proactivos para evitar caer en la tentación de volver a prácticas, más que cuestionables, del pasado.

En este entorno en el que nos movemos, la reforma del código penal español efectuada por la Ley Orgánica 1/2015 y la posterior Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, han contribuido de forma definitiva a elevar a la categoría que le corresponde al Responsable del Cumplimiento Legal, el llamado Compliance Officer, así como a poner de manifiesto que las empresas deben tener el debido control y los sistemas de gestión y prevención de incumplimientos legales adecuados; lo que les puede ayudar a mitigar su responsabilidad penal y en ocasiones a exonerarlos de la misma. Todo ello, debe hacer que el Compliance Officer o, en su defecto, al Órgano de Cumplimiento Legal, disponga del poder y la autonomía necesarios para poder desarrollar con éxito su función, para lo que tiene que contar con el pleno apoyo de la alta dirección de la empresa. Pero con ello no basta, nunca deberíamos olvidar que el Cumplimiento Legal depende de todos y cada uno de los empleados de una corporación, sin el compromiso total de cada miembro de una compañía, no se puede mitigar el riesgo, digo mitigar porque eliminarlo es imposible.

Uno de los aspectos más importantes para asegurar el Cumplimiento Legal es la formación continuada. La sociedad suele anticiparse en sus demandas a las leyes que regulan posteriormente sus actividades, debemos por lo tanto ser especialmente sensibles a sus demandas y prever qué sistemas de gestión y prevención del riesgo son los más adecuados, pensemos que lo que hoy es válido y permisible, mañana puede dejar de serlo.

De ahí la importancia de formarse en cursos tan interesantes sobre Compliance Officers como el que organizan Andersen Tax&Legal (anteriormente denominada “Olleros Abogados”) y Farmaforum. Este foro permite, además de aprender y profundizar en el conocimiento del Cumplimiento Legal, compartir experiencias vividas con otros colegas e intercambiar ejemplos que en un momento dado pueden darte una pista de cómo resolver un caso determinado. Por otro lado, el excelente nivel y experiencia contrastada del elenco de ponentes, asegura finalizar el curso con un nivel de conocimientos amplio y muy práctico.